China en una disyuntiva democrática

En las últimas semanas se produjeron en Hong Kong protestas por reformas democráticas. ¿Será el inicio de algo mayor o simplemente quedará como un movimiento aislado? En 2017 se realizarán elecciones con voto directo en la Región Administrativa Especial pero ¿en qué circunstancias? ¿Hasta dónde se animará China a avanzar hacia la democracia? Y en ese caso ¿qué pasará después?  

Las calles céntricas de Hong Kong se vieron distintas en los últimos meses. La usual marcha anual del 1° de julio, día que se conmemora la devolución de la región a China por parte de los británicos, fue el comienzo de una serie de movilizaciones que reclaman mayor democracia. El movimiento Occupy Central lanzó una campaña de desobediencia civil en contra de la reforma electoral planteada por China.

La consecuencia directa de una manifestación sin autorización policial fue la detención de 500 personas, lo cual provocó concentraciones frente a la sede del gobierno local. Los manifestantes se mostraron reforzados por la realización de un referéndum no oficial (considerado como ilegal por China) que reunió a 700.000 personas a favor del sufragio universal. Una expresión contraria al pensamiento de Beijing de que el modelo de democracia occidental no es el adecuado para China.

Con el gobierno de Xi Jinping la vigilancia pública en China continental aumentó y las condenas contra los críticos al régimen han sido más fuertes. A ello se les suman los controles a las redes sociales y las presiones o encarcelamientos a los activistas que reclaman mayor transparencia. En este contexto y debido a la promesa china de implantar un sufragio universal en los comicios de Hong Kong de 2017 es que se plantea esta situación de reclamo.

En junio el gobierno del Partido Comunista publicó un libro blanco sobre Hong Kong, recordándole a su población que el territorio tiene autonomía sobre los asuntos locales en la medida que el poder central lo permita. Beijing estaría de acuerdo con el voto directo pero limitado a candidatos que “amen a la patria y a Hong Kong”, es decir que cuenten con el beneplácito de China y simpaticen con el Partido Comunista.

Actualmente Hong Kong tiene un gobernador que es electo por una comisión de 1200 miembros (empresarios y notables) cercanos a Beijing y una cámara legislativa compuesta un 50% por candidatos electos por voto popular y 50% por representación funcional (personas adeptas a mantener el statuo quo). Esto es lo que establece la Ley Básica, una especie de Constitución de Hong Kong, pero a su vez estipula el sufragio universal como meta, compromiso que asumió China en 2007 para un plazo de diez años.

En 1997 Thatcher y Zhao firmaron la devolución de Hong Kong a China y esto como resultado la implantación de una zona especial autónoma con su propio sistema político, jurídico y de libertades económicas y de expresión (no del todo abierto). Implicó el slogan utilizado por China de “un país, dos sistemas”, que hoy parece verse amenazado tanto por los sectores conservadores como por los estudiantes universitarios que ven sus libertades amenazadas.

El gobierno local de Hong Kong se pliega a Beijing al recomendar la reforma electoral propuesta por China (que sea un comité y no el público el que designe los candidatos). En este sentido el actual jefe del gobierno autónomo CY Leung expresó que esa es la opinión extendida de los ciudadanos. Sin embargo el movimiento Occupy Central está decidido a eliminar ese filtro y que los ciudadanos tengan derecho de elegir y ser electos. Inspirados en los indignados occidentales reclaman por sus libertades.

En Macao, la antigua colonia portuguesa, también surgieron reclamos e iniciativas similares en los últimos años. Es un tema complejo para Beijing debido a que el margen de acción no es tan grande como parece. Los atropellos que comete China en otras regiones aisladas (como por ejemplo con los uigures en Xinjiang) no los puede realizar en Hong Kong a la vista de todo occidente. La masacre de Tiananmen en 1989 no se puede reproducir en la isla de Hong Kong en 2014 frente a la prensa internacional sin embargo también es difícil que algún país alce la voz contra la dictadura china.

Ante estas movilizaciones ¿la alternativa de China es abrir un poco el grifo de la democracia? Sería una decisión costosa para el Partido Comunista. ¿Cuánto podría demorar una ciudad occidentalizada como Shanghái en empezar a reclamar por apertura democrática? Y qué ocurre si realmente los chinos están preparados para la democracia, como lo niega Beijing. El efecto dominó podría ser letal.

En definitiva, hasta el momento la consigna “un país, dos sistemas” se mantiene pero surgen otros escenarios en un mediano plazo. “Dos países, dos sistemas” si China larga la cuerda, “un país con un sistema quebrado” si se reproducen estas movilizaciones o incluso “un país, un sistema” ya sea por el mantenimiento de un control férreo de China en Hong Kong o una mayor apertura democrática del gigante de oriente.

¿Hacia dónde va Turquía?

La potencia regional tiene desde hace pocos días un nuevo presidente: Recep Tayyip Erdogan. El ex primer ministro, cargo que ocupó durante 11 años, intenta cambiar el sistema parlamentario a uno semi presidencialista para de esa forma llegar al centenario de la nación (2023) como máxima figura política. Sus desbordes autoritarios y la búsqueda de permanecer en el poder opacan la primera etapa de Erdogan, elogiada por propios y extraños.

El 10 de agosto, en una especie de plebiscito hacia su persona, Erdogan ganó con el 51.8% las primeras elecciones presidenciales por voto directo. Los principales partidos de oposición (CHP y MHP) acudieron a los comicios liderados por Ekmeleddin Ihsanoglu, un académico de 70 años que logró atraer el voto de los islamistas más moderados, alcanzando un 38.4%. El tercer contendiente fue Selahattin Demirtas del Partido Democrático de los Pueblos y representante de los kurdos, que obtuvo el 9.7%.

La primera etapa de Erdogan fue alabada debido a que sometió al Ejército (clave en la historia política turca), triplicó el PBI del país, amplió las oportunidades de consumo, desarrolló infraestructura y mejoró las condiciones para la ciudadanía de ingresos bajos y medios. El ex alcalde de Estambul y líder del Partido para la Justicia y el Desarrollo (AKP) fue apoyado por sectores liberales debido a que dejó de lado el nacionalismo e inició las conversaciones de adhesión con la Unión Europea. Surgía un modelo de Turquía modernizadora y occidental.

Pese a ello la figura de Erdogan comenzó a dividir las aguas luego de las victorias de 2007 y 2011. Acusado de autoritario y de poseer una visión conservadora, el mandatario tuvo que soportar manifestaciones masivas en junio de 2013 y críticas internacionales por la violenta respuesta. El bloqueo de redes sociales y las presiones a la prensa fueron claves para un cambio en la concepción de su figura. El amplio espacio que le dio en el último tiempo al Islam también es objeto de crítica por parte de los sectores laicos.

Sin embargo en marzo el partido de Erdogan fue el vencedor de los comicios locales, a pesar del escándalo de corrupción que derivó en la dimisión de cuatro ministros. El mandatario acusó al movimiento de Fetula Gulen, autoexiliado en Estados Unidos, de hacer una campaña en su contra, desatando una purga contra policías, jueces y fiscales. En este sentido el politólogo español Eduard Soler identifica ciertas características de esta segunda etapa de Erdogan en el poder: un lenguaje insultante, la apelación a las conspiraciones, un enfriamiento de la política exterior y un freno al acercamiento con Europa.

En este contexto Erdogan volvió a ganar una nueva elección y asume una jefatura de estado que hasta el momento tuvo carácter simbólico. El mandatario aspira a cambiar la Constitución tras las elecciones generales de 2015 (que renovará el Parlamento) con el objetivo de transformar el régimen parlamentario, adjudicándole al presidente funciones como la de disolver el Parlamento o nombrar ministros. Para realizar las reformas, el AKP deberá contar con una mayoría parlamentaria. Por ello son claves los diputados kurdos y también el proceso de paz iniciado en este último tiempo. Los reclamos de derechos sociales y políticos de los kurdos seguramente entren en una cadena de dar y recibir con respecto a las aspiraciones de Erdogan.

Al asumir como presidente, el cargo de primer ministro de Turquía fue ocupado por Ahmet Davutoglu, hasta hace pocos días ministro de Exteriores. Erdogan necesita un jefe de gobierno que responda a él, al menos hasta que no reforme la Constitución. Aunque Erdogan en su último discurso prometió fortalecer la democracia es difícil pensar que el mandatario se alejará del curso que tuvo su gobierno en los últimos años. Si bien marcó como prioridades la integración con la Unión Europea, la aplicación de reformas democráticas y la consolidación del proceso de paz con los kurdos, cuando se emprende un camino hacia el autoritarismo, difícilmente se vuelva atrás. Los cambios de reglas constantes para beneficio propio no condicen con las principales teorías democráticas.

El panorama político turco es complejo. El enfrentamiento con los opositores, acusándolos de traidores e imponiendo el concepto de la lucha entre el pueblo (que él representa) y el enemigo, denotan una deriva populista. Erdogan representa una mezcla de convervadurismo, neoliberalismo en lo económico y antiliberalismo en lo político o quizás un populismo con un componente religioso. En este sentido cabe destacar algunos conceptos con respecto al populismo. Según el analista e investigador Anthony Painter, el ascenso del populismo de derecha es uno de los hechos más significantes del último tiempo en Europa. Un populismo que no busca remplazar la democracia sino cambiarla, oponiéndose a los pesos y contrapesos de la democracia liberal. 

En lo que refiere a Europa, el politólogo Germán Clulow citando a Matzoleni marca ciertas características centrales del neopopulismo europeo: la valorización excesiva del pueblo y el hombre de la calle como pieza central, demanda de participación política directa, desconfianza a las elites, la exaltación del líder como eje aglutinador y por último, un equilibrio precario entre la crítica y aceptación al sistema. En los últimos años se pueden observar algunas de estas características mencionadas en Erdogan. Principalmente esa apelación a la “nueva Turquía”, contrastándola con el pasado al que él no pertenece.

Populista o no, Erdogan se está alejando de aquel modelo de democracia musulmana que el mundo observó en una primera instancia. Resta esperar si los cambios realizados son simplemente para mantenerse en el poder o para avanzar fuertemente hacia un autoritarismo, aunque la primera sea ineludiblemente parte de la segunda. Debemos estar atentos al futuro de Turquía, clave por su rol estratégico en una zona conflictiva que incluye asuntos como Gaza, Siria, Irak y el Estado Islámico.

El peor final para Brasil

El árbitro mexicano pitó el final del partido en Belo Horizonte y terminó con el sueño de millones de brasileros. La selección alemana humilló a Brasil venciéndolo 7 a 1 en las semifinales de la Copa del Mundo. Los europeos golpearon bien fuerte a un pueblo que no estaba convencido de ser anfitrión pero que se había ilusionado con conquistar el trofeo. Un golpe demasiado duro para una población que recibió el Mundial con hospitalidad y alegría.   

“Quizás es mejor que perdamos la Copa, porque si ganamos va a continuar todo igual y el país necesita cambios profundos”, dijo un ciudadano no muy preocupado por el Mundial. El domingo pasado terminó un mes de circo donde el centro de atención fue el fútbol, un deporte que Sudamérica vive como ninguna otra región. Ahora vuelven los problemas del día a día y los enojos con los gastos que acarreó la organización del Mundial. El foco vuelve a ser la desigualdad y la pobreza existente en Brasil.

En ello deberán centrarse los políticos, ya que el brasilero de hoy es más exigente que el de ayer. La población reclama algo más que fútbol, samba y carnaval. El desafío que tendrán por delante, ciudadanos y gobernantes, es crear una sociedad más justa sin perder la identidad de un país proclive a la felicidad. Como dijo Neymar, la estrella de esta selección brasilera, se necesita “un Brasil más justo, seguro y honesto”.

Pocas protestas durante la Copa

El jueves 12 de junio no solo comenzó el Mundial sino un gran desafío para todo el Brasil. Aquel día en San Pablo no solo fue la inauguración del mayor evento futbolístico, también fue el momento en que los brasileros debían demostrar al mundo los avances de una potencia regional que aún debe superar problemas endémicos (pobreza y desigualdad) para pegar el salto al desarrollo.

Aquel 12 de junio además de jugar Brasil-Croacia en el Arena Corinthians frenaron las protestas que pretendían entorpecer el evento deportivo. Cuando el balón comenzó a rodar los bares se llenaron y los comerciantes pararon para ver a sus ídolos en la televisión. Los manifestantes prefirieron quedarse en casa para ver a la canarinha antes que salir a protestar con una minoría radical, que impuso una violencia no deseada por la clase media.

De hecho las protestas disminuyeron un 39% durante los primeros 12 días del Mundial, en relación a la misma cantidad de días previo al evento, según Folha. Aunque los grafitis en las ciudades invitaban a la FIFA a marcharse a casa, las manifestaciones frenaron. Sociólogos y politólogos locales afirmaron que en Brasil el fútbol golea a cualquier protesta social.

Sin embargo la cara negativa del Mundial fue muy visible y no me refiero al catastrófico final deportivo. La sensación de que se gastó demasiado invadió a la población. Las exigencias por parte de la FIFA fueron enormes. “Los helicópteros y la guardia policial que ves ahora es solo por el Mundial, luego desaparecen”, comentó un taxista. Es que el ambiente primermundista (organización y seguridad) que se vivió en territorio brasilero tenía una fecha de vencimiento: el último partido de la Copa en Maracaná.

Las elecciones y el futuro de Brasil

Aunque en los bares la pelota era el centro de discusión ningún brasilero olvida que en los próximos meses tienen otra cita importante. El 5 de octubre se realizarán las elecciones nacionales y la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, irá por la reelección. Fue durante la Copa que la mandataria confirmó su postulación, defendió los programas sociales del gobierno y prometió cambios en salud y educación.

Aprovechando la euforia de los primeros días de la Copa, Dilma afirmó que se estaba dando “una paliza monumental a los pesimistas”. No mintió pero el final no fue el soñado. No porque Brasil no haya ganado el certamen, ya que era una posibilidad, sino por la inesperada despedida que tuvo el seleccionado de Felipao. Las conversaciones en las esquinas ya no son sobre la mordida de Suárez sino de la desilusión propia. El orgullo y el nacionalismo brasilero perdieron por goleada.

Sin dudas los comicios de octubre serán los más difíciles del PT, fruto del desgaste y del final de una luna de miel que duró más de lo esperado, seguramente por los logros económicos alcanzados en la presidencia de Lula. Ahora el ciudadano no se conforma con lo que ya se obtuvo y aspira a cambios profundos que incluyan mejoras notorias en los servicios públicos.

La ciudadanía brasilera quiere seguir adelante con la transformación del país que se inició durante el gobierno de Lula pero exige el fin de la corrupción. Por ello es fundamental la generación de un ambiente político democrático, armónico y de transparencia. La crítica al PT y las protestas sociales son válidas y entendibles pero creer que los debes actuales de Brasil son consecuencia de Lula y Rousseff es exagerado.

La carrera electoral estará centrada en la desaceleración económica, el aumento en el costo de vida y la seguridad ciudadana. Rousseff es la principal candidata, aunque será difícil que gane en primera vuelta. La intención de voto de la presidenta creció durante la Copa, llegando al 38%. Pero también crecieron sus contendientes, el senador Aecio Neves del Partido de la Social Democracia Brasileña (20%) y Eduardo Campos, del Partido Socialista Brasileño (9%). 

Trazar una conexión entre el resultado deportivo y las futuras elecciones es apresurado y erróneo. Obviamente que el humor de los brasileros no será el mejor en las próximas semanas y eso se puede trasladar a otros ámbitos, como por ejemplo la vuelta de las protestas sociales. Sin embargo las elecciones van por otro carril y si bien el PT esperaba el trofeo para insistir con que las cosas van bien, el fracaso deportivo no será clave en el futuro de Brasil.   

Brasil juega un partido distinto durante la Copa de las Confederaciones

Llama la atención las protestas por ser un país que hizo las cosas bien en los últimos años, con un éxito reconocido mundialmente. En el camino a convertirse en una potencia mundial, Brasil atraviesa un momento de reclamos populares. En plena disputa de la Copa de las Confederaciones, alrededor de 250.000 personas aprovecharon la atención mundial para hacerse oír y pidieron mejoras en servicios públicos, educación, salud. Pese al crecimiento del país en los últimos 10 años, la población quiere ser parte del progreso alcanzado y pide por una democracia sin represión policial y el fin de la corrupción política

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Decenas de personas se manifiestan estos días en distintas ciudades de Brasil. Las protestas comenzaron el 14 de junio por un movimiento contra la subida de la tarifa del transporte público. La presidenta Dilma Rousseff se reune con el ex mandatario Luiz Inácio Lula Da Silva y el alcalde de San Pablo, Fernando Haddad, para buscar soluciones.

Se estima que 250.000 personas salieron a las calles en 18 ciudades distintas. En San Pablo, la gente se manifestó de forma pacífica en la Avenida Paulista, en el centro de la ciudad. En otros sectores de la urbe, grupos minoritarios atacaron lugares públicos, apedrearon la alcaldía y agredieron a guardias municipales. La Policía reprimió con gases lacrimógenos intentando detener a aquellos delincuentes y saqueadores que se infiltraron en la muchedumbre. En Río de Janeiro, Maceió, Porto Alegre, Fortaleza, Salvador, Vitoria, Curitiba, Belem y Belo Horizonte, los estudiantes de secundaria y universitarios también invadieron las calles, convocados a través de las redes sociales. A pesar de no tener líderes visibles, se destaca elMovimiento por el Pase Libre, el cual reclama el acceso gratuito al transporte, tema por el cual comenzaron las protestas. La población exige una mejora en la gestión y un freno a la corrupción.

En una primera instancia la presidenta brasileña, Rousseff, calificó como legítimas las manifestaciones pacíficas. Reconoció que son parte de la democracia, recibiendo los reclamos como un mensaje contra la corrupción y el uso indebido de los dineros públicos. Con el paso de las horas, lo que empezó como una protesta contra la gobernación de San Pablo, dominada por el centrista Partido de la Social Democracia Brasileña, se convirtió en algo potente y difuso. Ante ello, la mandataria elaboró una propuesta de diálogo y logró que los municipios revisen las tarifas de transporte, suspendiendo los aumentos propuestos para el metro, tren y autobuses. La protesta también apuntó a la celebración de la Copa de las Confederaciones y la Copa Mundial FIFA en 2014. El gobierno invirtió miles de millones de dólares para preparar estos eventos y cuando el mundo mira hacia Brasil, la población quiso dejar en claro su descontento.

La población busca ser parte del progreso alcanzado

No se observaban manifestaciones de este estilo en Brasil desde la toma de las calles que terminó con la dictadura (1964-1985) o las que precedieron a la salida del presidente Fernando Collor de Mello en 1992. Llama la atención las protestas por ser un país que hizo las cosas bien en los últimos años, con un éxito reconocido mundialmente. Desde 2003 con la presidencia del sindicalista Lula, la nación ha quitado a 30 millones de personas de la pobreza, generando una nueva clase media que hoy busca continuar con su ascenso. La delfín de Lula, Dilma Rousseff, comenzó con fuerza su gobierno y logró un record de aprobación del 75% pero ahora se enfrenta a una población que busca ser protagonista del cambio que se está dando. Exigen mejoras en los servicios públicos, educación, salud, una democracia sin represión policial y el fin de la corrupción política.

Brasil es un país que adquirió fuerza en el continente y es considerado un actor clave en la geopolítica mundial. La confianza en la nación le permitió poder organizar el Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. Nadie esperaba protestas callejeras de este calibre, los políticos y el mundo han quedado atónitos con el desenlace de los hechos. Será clave la negociación que podrá realizar Rousseff, antigua guerrillera y conocedora de este tipo de reclamos. La protesta y la lucha por la justicia social tienen un parecido con los movimientos que se generan en Chile, cuando los estudiantes exigen mayor participación en el sistema. Es un sentimiento del despertar de la población. Tal como ocurrió en Medio Oriente o actualmente en Turquía, la ciudadanía sale a las calles para avisar que están allí, atentos a lo que ocurre. En circunstancias distintas a la de dichos países y ante la mirada de todo el mundo por la gran presencia de periodistas internacionales, el brasilero salió a exigirle más a sus políticos. Es parte de la democracia y  es un proceso de crecimiento para un país que busca convertirse en potencia. 

Difícil que caiga

Arabia Saudita posee algunos de los condimentos de la Primavera Árabe
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Decenas de personas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad tras las protestas de familiares para la liberación de sus parientes, encarcelados por motivos de seguridad. Los manifestantes acusan al ejecutivo de retenerlos sin juicio y de no liberar a los que son inocentes. Si bien las críticas son acalladas por el régimen, la situación es distinta a la de los últimos años. Lejos de caer, la dinastía saudí afronta problemas parecidos a los que ocurrieron durante la Primavera Árabe.  

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Durante los últimos dos años se produjeron protestas en la capital Riad y en otras ciudades, desafiando la prohibición de manifestaciones que rige en el país. En la última semana la Policía realizó arrestos, en su mayoría de hombres, en la ciudad de Buraidah. Las autoridades crearon un sitio web para que los familiares puedan seguir el progreso de los casos. También aseguran que los detenidos, en los distintos casos, son presuntos milicianos islamistas. Durante este tipo de protestas se entremezclan familiares reclamando por sus parientes y personas que exigen un cambio en el régimen. En la última década han sido detenidas 11.000 personas por motivos de seguridad, de las cuales 2700 siguen en custodia según las fuentes oficiales. Activistas de Derechos Humanos aseguran que la cifra real es superior. El régimen saudí es el de más ejecuciones en el mundo, se estiman que en 2011 fueron 82. Human Rights Watch condena las decapitaciones y torturas en Arabia Saudita.

En el último tiempo, el régimen estableció controles más estrictos para vigilar los signos de descontento social que se observan desde la Primavera Árabe. A comienzos de mes el gobierno prohibió el programa Viber y amenazó con hacer lo mismo con Skype. El cese de esta mensajería instantánea se produce por no cumplir las normas específicas. El gobierno pidió un cambio en la política de privacidad para tener un mayor control y que se adapten a la política del reino. A su vez se considera que es un tema de negocios, ya que las aplicaciones privan de más ganancias a los operadores de telecomunicaciones. Hasta el momento Arabia Saudita se mantiene al margen de la convulsión política, sin embargo posee alguno de los condimentos para convertirse en un país de riesgo. Esto se debe a la gran población juvenil con poca perspectiva de trabajo, sin apertura y con una sucesión peligrosa.

Un actor fundamental en Medio Oriente

El reino de Arabia Saudita aplica una interpretación estricta del Islam. Las personas condenadas por asesinato, narcotráfico, violación y robo a mano armada son ejecutadas. Este régimen feudal, basado en el Corán, es gobernado por una monarquía absoluta, de las pocas que quedan en el mundo. La dinastía ejerce el poder desde 1932. El territorio posee dos de los lugares más sagrados para la religión, La Meca y Medina. Este país de casi 30 millones de habitantes estableció una alianza histórica con Estados Unidos, de quien recibió apoyo en la guerra con Irak en 1990, cuando fuerzas norteamericanas se desplegaron en territorio saudí. El Rey Abdallah de 86 años es quien gobierna el país desde 2005, tras la muerte de su hermanastro el Rey Fahd.  El mandatario ejerce el poder junto a diversas familias reales.

Los príncipes han gastado mucho dinero para evitar el descontento y la oposición en el país. Sin embargo no han logrado crear empleo para la población ni satisfacer las reformas políticas que solicita el pueblo. Las causas de esto son la mala gestión y la corrupción. Para cubrirse han desembolsado millones para mejorar sueldos, vivienda y salud pero no es suficiente. El riesgo de que caiga la monarquía es muy pequeño. Arabia Saudita es un actor clave en la geopolítica mundial, al ser el segundo productor de petróleo, el mayor exportador y poseedor del 25% de las reservas mundiales de crudo. También es líder de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y fundamental en la lucha contra el terrorismo de Al Qaeda en la región. Los habitantes piden mayores libertades pero a las potencias les conviene que todo siga como está en Arabia Saudita. 

Situación inesperada

El gobierno turco de Erdogan sacudido por protestas callejeras

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Continúan, por cuarto día consecutivo, los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes en el barrio de Besiktas, Estambul, capital económica de Turquía. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para frenar a la horda que marchaba hacia la oficina del primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, al cual acusan de un creciente autoritarismo. La protesta, que no tiene precedentes, es la mayor muestra de descontento desde que asumió el mandatario hace más de una década.

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Las manifestaciones comenzaron el lunes 27 de mayo como protesta contra los planes del gobierno de convertir el Parque Gezi de Estambul en un centro comercial. El otro proyecto al que se oponen es el plan urbanístico que incluye la construcción de una mezquita en la Plaza Taskim. La respuesta policial, con la utilización de cañones de agua para dispersar, provocó que la manifestación alcance una mayor envergadura. Amnistía Internacional denuncia dos muertos, se estiman 100 heridos y alrededor de 1700 personas fueron detenidas, aunque muchos fueron dejados en libertad. Los manifestantes hicieron barricadas con adoquines, señales de tráfico y materiales de construcción. Aseguran que la revuelta no tiene líderes y surge de forma espontánea, convocada por Twitter, aunque cuenta con la participación de pequeños grupos políticos de izquierda. Los manifestantes buscan las disculpas públicas de Erdogan y la detención del proyecto. También se produjeron enfrentamientos en otras ciudades; en Izmir, al oeste del país, se originó un ataque a la sede del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP).

El primer ministro Erdogan criticó a los manifestantes, a los cuales calificó de antidemocráticos. El mandatario rechazó las acusaciones y señaló que la economía ha tenido grandes avances durante su gobierno. Aseguró que las protestas provienen de grupos extremistas marginales y que los servicios secretos investigan la implicación de potencias extranjeras, las cuales le solicitan moderación. También acusó a la principal agrupación de la oposición, el socialdemócrata Partido Republicano Popular. Por otra parte, el presidente Abdula Gul pidió sentido común a los manifestantes y afirmó que los mensajes bien intencionados fueron recibidos por el gobierno. Además expresó su preocupación por la presencia de organizaciones ilegales. El estallido de esta protesta ciudadana que surge por quejas medioambientales posee aspectos principalmente culturales. La reciente legislación que restringe la publicidad y venta de alcohol así como la eliminación de restricciones sobre la presencia de la religión en la esfera pública, son factores clave para los sucesos que se registraron esta semana.

Un gobierno de más de diez años

La formación política de Erdogan gobierna desde 2002. Sus números en las urnas se han venido incrementando en las últimas elecciones y referéndums. En 2011 alcanzó un 50% de los votos en los comicios legislativos, lo que le permitió obtener 327 de los 550 escaños en el Parlamento. El mandatario comenzó su carrera política en Estambul, donde hoy son fuertes las protestas, tras alcanzar la alcaldía en 1994. El objetivo actual de Erdogan es reformar la Constitución para instaurar un sistema presidencialista, frente al actual régimen parlamentarista, ante la imposibilidad de renovar su mandato en 2015. Su meta es gobernar hasta 2023, año en que se cumple el centenario del Estado turco, fundado por el defensor de la laicidad Ataturk, tras el hundimiento del Imperio Otomano. Con una gestión pragmática durante los primeros años, Erdogan se ganó la confianza de la población pero con el correr del tiempo se lo acusa de haber perdido el contacto con la realidad. Las promesas de reformas quedaron en eso y si bien meses atrás se solucionó la cuestión kurda, los turcos exigen aún más.  

En un país en el que las huelgas generales no están permitidas, dos semanas de protestas contra el gobierno es un llamado de atención. La población le pide a Erdogan un cambio en la forma de hacer política. El tinte autoritario de su gobierno ha llevado a que grupos heterogéneos encabecen una revuelta política y cultural. Esta nación que creció un 2% en el último año, miembro de la OTAN y candidato a la Unión Europea, sufrió una acumulación de emociones por parte de la juventud. Una protesta que comienza por un proyecto urbanístico en una zona verde pero que trae por detrás quejas por los cambios en el sistema educativo y en el alejamiento de un Estado laico. El apoyo a los rebeldes en Siria, lo cual produjo un atentado por parte de grupos leales a Bashar Al Asad en una ciudad turca fronteriza, marca un descontento de la minoría alauí. Erdogan tendrá que cambiar si no quiere terminar como otros mandatarios de la zona. Por ahora se fue de gira diplomática por países del Magreb como si nada hubiese ocurrido, pero tendrá que prestar atención a los movimientos que se generan si quiere seguir firmemente en el poder de esta potencia emergente clave en la región. 

Incidentes y exclusión social

Suecia se encuentra azotada por protestas en barrios carenciados

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Desde hace cuatro noches que se producen disturbios en varias localidades de las afueras de Estocolmo. Una treintena de coches quemados, roturas de ventanas y el ataque a una comisaría en el noroeste de la capital, derivaron en el enfrentamiento entra la horda de jóvenes y la Policía sueca, con un saldo de ocho personas detenidas. Los conflictos comenzaron en el barrio Husby pero se extendieron a otros distritos, la mayoría poblados por inmigrantes.

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Los problemas comenzaron luego que un inmigrante con problemas psíquicos murió por disparos de la Policía en uno de los suburbios de Estocolmo. Las fuerzas de seguridad aseguran que la persona de 69 se encontraba armado con un hacha y que los había amenazado. Husby es un típico barrio de inmigrantes, con bloques de apartamentos por zonas mal urbanizadas y con pocos comercios. De los 12.000 habitantes, el 85% son extranjeros de primera o segunda generación. Un quinto de la población joven no estudia ni trabaja y los datos dicen que la renta anual, la tasa de desempleo y los niveles de educación son peores que la media del país. Los manifestantes se lanzaron a las calles, incendiando coches, dos escuelas, un centro de arte y contenedores de basura. Los hechos fueron calificados como actos de vandalismo por parte de las autoridades. Algunos vecinos han denunciado cargas policiales en su contra e incluso insultos racistas, se quejan de calificativos como “negros”, “ratas” o “monos”, lo que ocasionó la apertura de una investigación interna.

El primer ministro, Fredrik Reinfeldt, declaró que toda la población debe responsabilizarse para poder restaurar la calma en el país. El titular del ministerio de Integración, Erik Ullenhag, sostuvo que el tema era una cuestión meramente policial, a diferencia de aquellos que aseguran que se trata de una consecuencia del aislamiento de ciertos sectores. Los ultraderechistas del partido Demócratas Suecos pidieron la declaración del Estado de emergencia y el toque de queda. Este grupo, que tras una hazaña entró en el Parlamento en 2010 con 20 escaños, quiere terminar con la inmigración masiva y el multiculturalismo. El gobierno de centro derecha no ha logrado reducir el desempleo juvenil y la pobreza, que pega más fuerte en la comunidad de inmigrantes. Si bien el nivel de vida se encuentra entre los más altos de Europa, la situación no es la misma que hace algunos años. Los disturbios se deben en parte al fracaso de las políticas sociales del gobierno, por las restricciones en las prestaciones sociales que terminaron derivando en la generación de “guetos” en los suburbios.  

El crecimiento de la extrema derecha

Suecia fue gobernada durante más de medio siglo por los socialdemócratas. El modelo de Estado de bienestar, basado en elevados impuestos, primó por muchos años con altísimos niveles de vida. Desde la década del noventa el país nórdico redujo el papel del Estado, causando el mayor crecimiento de la desigualdad en el área de las economías desarrolladas de la OCDE. La centro derecha ganó las elecciones de 2006 con una plataforma centrista, colocando a Fredrik Reinfeldt en el poder. El líder del Partido Moderado fue reelecto cuatro años después. A pesar de la crisis económica que golpeó al país en 2008, logró el apoyo de la población, aprovechando el declive de los partidos de izquierda.  Crítico del Estado de bienestar, el mandatario consideraba a Suecia como una sociedad adormecida por excesiva protección, por lo que le insertó dosis de su neoliberalismo. Para sacar al país de la recesión, sus reformas apuntaron a una política prudente de privatizaciones y la reducción de la presión fiscal a los trabajadores.

En el Parlamento sueco – Riksdag – tienen representación ocho partidos que se dividen en tres bloques. El primer ministro posee el apoyo de una gran alianza de liberales, centristas y democristianos. Mientras que los socialdemócratas, los más votados de las últimas elecciones, forman una coalición con el Partido Verde y el Partido de Izquierda. La tercera pata del Parlamento es la extrema derecha que le dio un giro a la política del país en los últimos años. Con un discurso populista capitalizaron el malestar de ciertos sectores de la población. Han colocado en el centro del debate el tema de la inmigración con opiniones hostiles al Islam y declaraciones xenófobas. El levantamiento violento de los jóvenes inmigrantes, que no poseen una cultura democrática para protestar por sus derechos, les permite a los ultra derechistas captar adhesiones. Los disturbios que se produjeron en estos días son una reacción a las carencias, como por ejemplo el desempleo, la educación y el racismo estructural, de un sector de la sociedad. Los recortes de las ayudas sociales llevaron a esta situación y las protestas parecen ser justificadas. Sin embargo el violento levantamiento no es la opción correcta y generó rechazo en la mayoría de la población.  

El presidente de Yemen se encuentra en estado grave

El ataque al palacio presidencial y el control de la ciudad Ta´izz por parte de opositores armados presagian el final de Ali Abdula Saleh.

El presidente de Yemen, Ali Abdula Saleh, se encuentra luchando por su vida en un hospital de las Fuerzas Armadas en Arabia Saudita, luego de dos intervenciones quirúrgicas. Las agencias internacionales afirman que el mandatario posee quemaduras en 40% de su cuerpo y una perforación en un pulmón. La razón de dichas heridas es el ataque perpetrado la semana pasada contra el palacio presidencial en la capital Saná. Si bien no están confirmados los detalles del asalto, la teoría que cobra más fuerza es la existencia de una bomba en la mezquita en la cual estaban rezando altos cargos del gobierno yemení. A esta situación se le suma el control de la ciudad de Ta´izz que lograron opositores armados luego de un enfrentamiento con las fuerzas fieles al presidente. 

Ali Abdula Saleh alcanza la presidencia de la República Árabe de Yemen (norte) en 1978, poniéndole fin a dos décadas de guerra civil. Tras el desplome de la Unión Soviética en el año 90, el mandatario fue el principal encargado de la unificación del país, acordando con dirigentes de la República Democrática Popular del Yemen (sur) – que se quedaba sin el apoyo comunista - el reparto de poder y la celebración de elecciones. Los resultados negativos para los dirigentes del sur provocaron una guerra civil en 1994 que finalizó con la hegemonía de Saleh en todo el territorio. A través del clientelismo y la manipulación, el gobernante se convirtió en el segundo en el mundo con más años en el poder, detrás de Muamar Gadafi.

Las protestas contra el gobierno de Yemen se producen en el contexto de la primavera árabe que se inicia a finales del 2010 en Túnez y posteriormente en Egipto. A fines de enero, miles de manifestantes salieron a las calles de Saná para oponerse a la reelección y la sucesión del presidente actual. Esta convocatoria de los grupos de oposición obligó a Saleh a ceder y expresar su intención de renunciar en 2013 sin transferir el cargo hacia su hijo. En este sentido, en abril se elaboró un plan por parte del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Omán y Arabia Saudita) para el traspaso pacífico del poder. Sin embargo el presidente se ha negado a dimitir, por lo cual ha tenido que lidiar con diferentes protestas y enfrentamientos entre su guardia republicana y distintos milicianos. La Organización de las Naciones Unidas afirmaba que a finales del mes de mayo cincuenta manifestantes perdían la vida en las represiones del gobierno en la plaza de la libertad de Ta´izz.

Con Ali Abdula Saleh en estado grave, Arabia Saudita, Estados Unidos y la Unión Europea trabajan para buscar una salida al conflicto y una transición pacífica. Mientras la población se manifiesta para expresar su rechazo al regreso del presidente, la comunidad internacional intenta lograr un acuerdo entre las distintas fuerzas de oposición al mandatario. Esta situación permitirá alcanzar estabilidad en un país que posee células terroristas de Al Qaeda. El final de Saleh parece indiscutible, la cuestión es saber cuál será el rumbo de este país sumergido en la pobreza.

El presidente de Siria anunció amnistía política

Luego de tres meses de protestas y en un clima de rebelión, Bachar el Asad estira su agonía con señales hacia el exterior.

Siria es uno de los países que en la actualidad protagoniza grandes manifestaciones sociales. La denominada primavera árabe, que comienza a finales del 2010 en Túnez y que luego se expandió por otros países del norte de África y el Medio Oriente, es el dolor de cabeza de la élite que gobierna Siria desde hace más de tres décadas. Para contrarrestar las manifestaciones que se vienen realizando en las distintas provincias y en la capital, Damasco, el presidente, Bachar el Asad, publicó un decreto que reduce las penas que tienen los presos del régimen. Esta decisión se toma después del pedido de la liberación de encarcelados y la presión ejercida por parte del G-8, reunido la semana pasada en Francia.

La dictadura del partido Baaz y la minoría alauí, secta chiíta, comenzó a gobernar el país en la década del setenta. El padre del actual presidente, Hafez al Asad, se encargó de conformar una élite política que con los años se fue uniendo con diversos empresarios multimillonarios del país, lo que le permitía liderar sin mayores sobresaltos. Sin embargo en 1982 debió enfrentar una gran revuelta de los Hermanos Musulmanes que finalizó con la mayoría de esta secta suniita en prisión. En el 2000 tras la muerte de su padre, Bachar el Asad asumió como jefe de Estado. Este oftalmólogo con estudios en Gran Bretaña se propuso realizar un mandato con reformas, etapa que se denominó “primavera de Damasco”. Distintas presiones dentro del propio gobierno o quizás la poca convicción en el movimiento reformista, llevó al presidente a dejar atrás los cambios propuestos.

Las manifestaciones en Siria comenzaron a fines de enero de este año, cuando sectores opositores a El Asad, motivados por los sucesos en países vecinos, exigían reformas sociales y políticas. El gobierno realizó detenciones masivas que organizaciones de Derechos Humanos estiman en 10.000 ciudadanos; a esto se le debe sumar las victimas, muy difíciles de calcular, que se ha cobrado la violenta represión. La escalada de enfrentamientos provocó que los manifestantes cambiaran su reclamo exigiendo definitivamente el cambio de timón en Siria y una ola de transformaciones democráticas. En este contexto, la comunidad internacional impuso bloqueos y sanciones con el objetivo de ejercer una presión económica al gobierno.

Un gran grupo de partidos opositores se encuentran por estos días reunidos en la ciudad de Antalya, Turquía. Los distintos políticos han calificado la medida del presidente como tardía. Como parte de la primavera árabe, el futuro político de Siria es predecible. Tarde o temprano, el gobierno autoritario tendrá que ceder ante su población y comenzar con una transición hacia una administración que emerja del voto de la ciudadanía. El camino dependerá del Bachar El Asad, de las decisiones de los organismos internacionales y de la mediación que pueda surgir. Por la fuerza o de forma negociada, el gobierno sirio se encuentra cerca de su final.