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domingo, 26 de mayo de 2013

Informe Semanal: Alianza del Pacífico

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El objetivo de esta nueva entrega semanal es investigar la sociedad comercial creada por Chile, Colombia, Perú y México. Esta semana se realizó la VII Cumbre Alianza del Pacífico en la ciudad de Cali, lo cual abre un espacio de análisis con respecto a la integración latinoamericana. En el informe nos proponemos estudiar la creación de esta alianza, la situación comercial de cada uno de los países, la adhesión de Costa Rica y el futuro de esta asociación como alternativas a otros bloques comerciales.
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Los cuatro países fundadores de la Alianza del Pacífico se reunieron en Colombia en busca de acordar los detalles para bajar las trabas arancelarias, que incluirán en una primera fase el 90% del comercio. Los mandatarios Juan Manuel Santos de Colombia, Ollanta Humala de Perú, Sebastián Piñera de Chile y Enrique Peña Nieto de México fijaron el 30 de junio como próxima fecha para definir el acuerdo y especificar la lista de productos que serán excluidos. La Cumbre fue un impulso para esta alianza que apunta a la integración regional en el área del comercio pero no excluye otros ámbitos como el turismo, aspectos diplomáticos e intercambio de información. La puerta se encuentra abierta a nuevos socios y el primero en acceder será Costa Rica, por impulso de su mandataria Laura Chinchilla. Los países observadores ya son 16, lo que convierte a esta alianza en un verdadero éxito tras un año de creación. 

Doce meses desde el comienzo

En junio de 2012 los presidentes de cuatro países latinoamericanos acordaron la creación de un bloque regional en la ciudad de Atacama, Chile. Estas naciones, que representan un tercio del Producto Bruto Interno (PBI) de América Latina, son los principales Estados hispanos con costas al Océano Pacífico. El objetivo principal de esta iniciativa es el aumento comercial y los contactos con la región de Asia Oriental. La alianza supone un mercado de 207 millones de consumidores y agrupa economías que han tenido un gran crecimiento en los últimos años, con una tasa mayor a los países del Mercosur. Chile, Colombia y México son de los países con economías más abiertas al exterior y caracterizados por haber firmado un Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. La coalición no apunta a la confrontación ideológica y si bien apunta directamente al comercio, no deja afuera la lucha contra la pobreza. Hasta el momento se han celebrado siete cumbres, lo que denota el éxito de la iniciativa.

El ex presidente de Perú, Alan García, fue el promotor e ideólogo de la alianza en abril de 2011. El actual mandatario incaico, Ollanta Humala, heredó el proyecto de su antecesor y le dio impulso. La misma situación ocurre en México, ya que al momento de crearse la confederación el presidente era Felipe Calderón del Partido Acción Nacional. El presidente colombiano Santos invitó en aquel entonces a nuevos socios, ya que la agrupación se presentaba como compatible con otros procesos de integración latinoamericanos. Los primeros dos países observadores fueron Costa Rica y Panamá pero la lista se amplió e incluso varias naciones quieren lograr esa calidad, entre ellos Francia, Portugal, Honduras, Paraguay, Ecuador, El Salvador y República Dominicana.

La apertura como principal objetivo

Las metas de esta alianza pragmática crecen día a día con el principal objetivo de constituir un espacio libre de circulación de personas y bienes. Los países se propusieron ampliar la red de oficinas comerciales, compartiendo las de Casablanca y Estambul, y dándole coordinación a las estrategias de exportación agrupadas en las organizaciones PromPerú, ProChile, ProExport y ProMéxico. También se elaboraron campañas de promoción de turismo de forma conjunta. Los lanzamientos de becas para estudiantes, así como el visado único con validez para los cuatro países, brindándole oportunidad de incluir temas culturales, clave para todo proceso de integración. Promover mecanismos para intercambiar información fiscal, la lucha contra la corrupción y la evasión de impuestos, también constituyen elementos fundamentales. Un paso importante fue la formación de una unión de los mercados bursátiles de Chile, Colombia y Perú. Los valores que le dan contexto a esto radican en la vigencia del Estado de derecho, la separación de poderes, el libre comercio, el respeto a la propiedad privada y el fomento de la competencia. También aparece como clave el fomento de la inversión extranjera y la seguridad jurídica. Los principios apuntan a generar bienestar, a través del empleo y la calidad de vida.

La reunión que supuso el traspaso de la presidencia temporal de Piñera a Santos contó con la presencia de los mandatarios de España, Mariano Rajoy y el de Canadá, Stephen Harper. Además no faltaron a la cita delegaciones de Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y Japón. La cumbre también sirvió como marco para la reunión de 400 empresarios. La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, acordó abrir conversaciones formales de adhesión. El país centroamericano firmará este año un Acuerdo de Libre Comercio con Colombia, ya que una condición para ingresar es tener convenios de estilo con todas las naciones que conforman la unión. La mandataria dejó en claro que los países deben dejar atrás las ideologías y las consignas para asumir temas pendientes en torno al desarrollo. Otto Pérez, mandatario de Guatemala, expresó su interés en ingresar formalmente. Para finales de este año también se prevé el ingreso de Panamá, a impulso del presidente Ricardo Martinelli. Ecuador mostró un acercamiento a pesar de formar parte del eje bolivariano creado por el fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez.

Lineamientos consensuados

México busca expandir su agenda internacional más allá de los temas relacionados al narcotráfico. Peña Nieto recibirá al presidente de China, Xi Jinping, para acelerar las relaciones e intentar reducir el déficit comercial. Desde las últimas presidencias del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la década del noventa, continuadas por las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, México ha firmado decenas de acuerdos comerciales. La nación apunta por la iniciativa privada y el intercambio comercial para la generación de empleo. Chile, desde la dictadura de Augusto Pinochet, posee una apertura hacia el exterior, que fue continuada por los gobiernos izquierdistas de la Concertación para la Democracia. El partido derechista de Piñera seguramente pierda las próximas elecciones previstas para noviembre de este año. La posible victoria de Michelle Bachelet no cambiaría en nada la participación de Chile en la Alianza del Pacífico, porque la política comercial trasciende agrupaciones políticas. 

Ollanta Humala asumió la presidencia en julio de 2011 tras ganar los comicios en segunda vuelta. Al mandatario se lo veía como próximo a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), sin embargo se lo ve cómodo en la alianza, con su objetivo de mantener relaciones amistosas con todos los países. Las políticas neoliberales de Perú vienen desde la época de Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Alan García. Humala, si bien ha intentado darle una impronta social a su gobierno, ha continuado contra todos los pronósticos con las políticas de apertura en materia comercial. Colombia, inmerso en las negociaciones de paz con las FARC, no descuida la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Santos continúa la estrategia utilizada por los últimos gobiernos con respecto a la firma de Acuerdos de Libre Comercio y apertura económica. En una mezcla de recuperar dignidad y relevancia en los escenarios mundiales, Colombia, tercer país más poblado de Sudamérica, se ve muy beneficiado por esta alianza.


La mejor opción a futuro

La alianza busca dar pasos prácticos para cumplir objetivos sensatos y no vivir situaciones como las de otras organizaciones latinoamericanas. El Pacto Andino, creado en 1969 entre Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia, se encuentra fracturado por la negociación del acuerdo comercial con la Unión Europea. El Mercosur creado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, temporalmente suspendido, es el bloque más grande de Latinoamérica y este año concretó el ingreso de Venezuela. Sin embargo, las barreras de protección que se imponen entre los socios y las disputas internas frenan el dinamismo de la organización. Si bien Venezuela y Argentina son mercados atractivos para la Alianza del Pacífico, su modus operandi no coincide con las propuestas de libertad económica pautadas. Los integrantes de la nueva coalición afirman que no intentan ser una alternativa de otros procesos, pero la realidad es que buscan tomar distancia del ALBA y de la hegemonía continental de Brasil, representada en el Mercosur. 


La integración de América Latina y Asia genera expectativa. Esta alianza innovadora constituye una nueva unidad que permite un nexo entre Asia y el resto de las economías. China es el primer cliente del subcontinente y un gran consumidor de materias primas, hacia allí deben apuntar las naciones latinoamericanas. Es clave que los países que entren cumplan con los requisitos y objetivos para que no se desnaturalice la alianza ha medida que crece. Hay quienes ya denominan a Chile, Colombia, Perú y México como los tigres de Latinoamérica, haciendo un paralelismo con las naciones que lograron un gran crecimiento en Asia Oriental. Los cuatro países conforman un bloque que representa el 3.5 % del PBI mundial y la octava economía. El objetivo principal del éxito radica en neutralizar los sectores que se puedan ver desfavorecidos en cada uno de los Estados. No caben dudas que este es el momento de América Latina para cerrar las brechas de la desigualdad en cada uno de los países. Para superar este problema endémico, las estrategias de Alianza del Pacífico parecen ser las adecuadas.         

domingo, 7 de abril de 2013

Informe Semanal: Genocidio en Guatemala (1982-1983)

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El objetivo del siguiente artículo es investigar los crímenes cometidos por el ejército de Guatemala durante el gobierno de Efraín Ríos Montt (1982-1983). En estas últimas semanas, las victimas de aquella masacre testifican en el juicio contra el ex mandatario. El trabajo constará de la historia previa del pequeño país centroamericano, la llegada al poder de los militares, la administración llevada a cabo por Ríos Montt y los acuerdos en la década del noventa.  
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El juicio contra Efraín Ríos Montt remueve la historia de Guatemala. Hubo que esperar años para llevar al ex dictador a la justicia, debido a que la inmunidad como parlamentario lo protegía. Este hombre de 86 años es el primer ex jefe de Estado centroamericano que será juzgado por genocidio. La guerra civil que enfrentó a los gobiernos derechistas y a la guerrilla de inspiración comunista ensangrentó al país desde 1960 a 1996. Los distintos enfrentamientos se cobraron 200.000 vidas civiles, la mayoría indígenas. Las principales atrocidades fueron cometidas entre 1982 y 1983 durante la administración de Ríos Montt. Se produjeron violaciones masivas durante las invasiones militares en las comunidades campesinas, donde el ejército sospechaba la existencia de focos guerrilleros. Las principales prácticas en contra de la comunidad eran las torturas y los incendios contra las propiedades de los insurgentes. La justicia de Guatemala enjuicia treinta años después a Ríos Montt, acusado de asesinar a más de 1700 indígenas de la etnia maya ixil.  

El derrocamiento de los gobiernos sociales

La dictadura liberal, característica en Latinoamérica durante fines del siglo XIX, finalizó tardíamente en Guatemala. El gobierno de Jorge Ubico, defensor de los intereses de las empresas extranjeras - entre ellas la norteamericana United Fruit Company-, cayó de forma abrupta en octubre de 1944 tras la denominada Revolución Guatemalteca. Dos hombres claves en aquel levantamiento de jóvenes oficiales nacionalistas fueron Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz. Las elecciones libres realizadas posteriormente dieron la victoria a Arévalo que se inspiró en las políticas del New Deal. Su meta era finalizar con el antiguo régimen y encaminar al país desde una perspectiva capitalista, democrática y de defensa de los intereses públicos. A dicho presidente se lo acusó rápidamente de comunista por parte de los terratenientes. Las reformas realizadas fueron continuadas por Arbenz, ganador de los siguientes comicios. Las expropiaciones a la United Fruit Company enmarcadas en la reforma agraria, agilizaron la participación de los servicios de inteligencia norteamericanos para financiar un ejército rebelde.  

Arbenz es derrotado en 1954 cuando se produce la intervención norteamericana por tierra desde Honduras y a través de bombardeos aéreos. El ejército formó una junta militar para suceder al presidente, la cual fue dirigida por Carlos Castillo Armas. Esta figura anticomunista revierte las políticas iniciadas por los presidentes Arévalo y Arbenz. La inestabilidad en Guatemala se acentuó tras el asesinato de Castillo en 1957 a manos de un soldado. Esta situación derivó en una sucesión de presidentes interinos hasta las elecciones de 1966. Mientras tanto los guerrilleros de izquierda comenzaron a organizarse en lo que luego será la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, buscando un nuevo orden social y realizando ataques armados. El enfrentamiento interno se inició en los primeros años de la década del sesenta. La política anticomunista promovida por Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría, derivó en el apoyo de la potencia a gobiernos militares fascistas.

Líder de una generación de militares

Durante los setenta los operativos de represión fueron más selectivos, apuntando a líderes comunitarios y dirigentes sindicales. Con el correr de los años, los gobiernos identificaron a los mayas como un grupo afín a la guerrilla e intensificaron los ataques contra ellos. Los insurgentes ocupaban pueblos temporalmente pero a su retirada dejaban a las comunidades indefensas y vulnerables ante la llegada del ejército, que acusaba a los pobladores de encubrir la actividad guerrillera. Esta situación fue provocando decepción y rechazo de la causa revolucionaria por parte de los campesinos. El apoyo de Estados Unidos a estos gobiernos cívicos militares de derecha finalizó en 1979 tras la asunción de Jimmy Carter, que prohibió la ayuda por los abusos cometidos. Tres años después un grupo de oficiales jóvenes del ejército, cansados de la corrupción imperante de la cúpula militar, depuso al sanguinario Romeo Lucas García y colocó en el poder a Ríos Montt. 

José Efraín Ríos Montt, criado en un entorno rural, fue un militar de carrera que recibió cursos de especialización en Panamá, centro de instrucción tutelado por Estados Unidos y muy frecuentado por oficiales centroamericanos. Envestido como Jefe del Estado Mayor General del Ejército, renunció para presentarse a las elecciones presidenciales de 1974 en las cuales finalizó en segundo lugar. Ríos Montt acusó al gobierno de fraude e intentó quedarse con el poder. El mandatario electo, el general Laugerud decidió que sería mejor tener a su rival lejos y lo designó como Agregado Militar en España. A su regreso se convirtió en un mesianista de tintes milenaristas y se unió a la Iglesia Evangélica Pentecostal. Fue líder de la potente secta religiosa Iglesia del Verbo y ejerció labores de evangelización. El Golpe de Estado de 1982, que determinó la asunción de Riose Montt como presidente de la Junta Militar de Gobierno, frustró la toma de posesión de Ángel Guevara, ganador de las elecciones previas.

Genocidio guatemalteco

El gobierno de Ríos Montt que duró 17 meses (marzo de 1982 – agosto de 1983) comenzó con la suspensión de la Constitución, el cierre del Congreso y la instauración de un estado de sitio. El presidente lanzó el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo que mezclaba políticas socioeconómicas, adoctrinamiento nacionalista de la población y el exterminio de la subversión. Motivados por prejuicios culturales y raciales, los gobernantes apuntaron hacia los campesinos e indígenas, a quienes creían inmaduros en valores patrióticos. El régimen contó con el apoyo norteamericano tras la llegada de Ronald Reagan al poder.  Las luchas se centraron contra el Partido Guatemalteco del Trabajo, brazo político del comunismo, las Fuerzas Armadas Rebeldes, el Ejercito Guerrillero de los Pobres y la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas. El gobierno elaboró planes para aislar a las comunidades campesinas de la insurgencia, brindando ayudas monetarias para vivienda y cosechas. Esa fue una de las estrategias, la más dolorosa sería la denominada política de tierra quemada.

El ejército y los paramilitares desarrollaron matanzas generalizadas de campesinos e indígenas considerados próximos a la guerrilla. Esta violencia ensangrentó a las zonas rurales, principalmente a los departamentos occidentales de Quiche y Huehuetenango. La ley de pena de muerte surgió como resguardo jurídico para el asesinato de todo aquel sospechoso de simpatizar con los insurgentes. La represión armada surgió como el método expeditivo más eficaz para privar a los guerrilleros de su base popular. El general Ríos Montt aseguraba que el buen cristiano era aquel que se desenvolvía con la Biblia y la metralleta. Se estiman que fueron ejecutados extraoficialmente alrededor de 10.000 guatemaltecos, eliminadas más de 400 aldeas indígenas mayas y trasladadas 100.000 personas por las campañas contrainsurgentes. La violencia ya implantada incluso antes de 1982 adquirió un plan sistemático que obedecía a los planteamientos ideológicos de Ríos Montt. Las tropas del dictador masacraron comunidades, quemaron personas vivas, despedazaron cuerpos, cortaron lenguas, violaron mujeres, entre otros delitos inconcebibles.

La pacificación y el principio del cambio

El extremismo del dictador, calificado de genocidio por el informe de las Naciones Unidas, dio por finalizado el apoyo norteamericano a la campaña antiguerrillera. Las exigencias de los partidos tradicionales y los rumores de un nuevo golpe de Estado obligaron a Ríos Montt a convocar a elecciones para julio de 1984. Sin embargo los militares volvieron a tomar el poder de la mano de Óscar Mejía, que cumplió un cronograma de transición democrática. Las violaciones humanitarias y la guerra contra la guerrilla continuó por varios años  luego del gobierno de Ríos Montt. La democracia finalmente se alcanzó en 1986 a través del presidente democristiano Marcio Vinicio Cerezo. Increíblemente el hoy acusado de genocidio intentó acceder nuevamente al poder por la vía electoral. Su candidatura fue inhabilitada por el Tribunal Supremo Electoral, basándose en el artículo que vetaba a los antiguos mandatarios que fueron presidentes por medios no democráticos. Ríos Montt continúo en la política con la fundación del Frente Republicano Guatemalteco.

La guerra civil en Guatemala finalizó en 1996 tras las demandas de estabilidad por parte de la comunidad internacional. El gobierno de Álvaro Arzú firmó los acuerdos de paz en los que el actual presidente Otto Pérez representó al ejército. En lo que refiere a Ríos Montt, fue electo presidente del Congreso y posteriormente en 2007 alcanzó un escaño para lograr la inmunidad parlamentaria. Los años y la madurez del Estado trajeron consigo cambios en Guatemala. La cultura de impunidad conlleva a presiones y amenazas a los intentos de hacer justicia. Sin embargo una nueva generación de jueces tiene como objetivo juzgar las atrocidades cometidas en el pasado. Hoy le toca a Ríos Montt sentarse en el banquillo por las masacres cometidas por sus tropas. La deslegitimación del Estado guatemalteco durante años deriva en un funcionamiento burocrático caótico. Las raíces de la desigualdad y el país fallido continúan allí, hoy representadas a través del narcotráfico. Si bien las nuevas generaciones intentan transformar una de las sociedades más desiguales, injustas y desgarradas de América, el camino será largo de recorrer.