La crisis
política que se vive en Tailandia desde 2006 ingresó esta semana en un nuevo
capítulo tras el golpe de Estado perpetuado por el Ejército, dos días después
de declarar la ley marcial. Las Fuerzas Armadas intentan restablecer el orden
tras seis meses continuos de protestas y atentados que se cobraron al menos 30
muertos. La división entre una burocracia histórica y las nuevas elites
políticas se ensancha en este país surasiático de 67 millones de habitantes.
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El Jefe de las Fuerzas Armadas, Prayuth Chan-Ocha,
anunció este jueves la necesidad que el Ejército asuma los poderes para
normalizar el país debido a que, según los militares, las conversaciones entre
los representantes del actual gobierno, los partidos políticos y el líder de
las manifestaciones antigubernamentales, Suthep Thaugsuban, no lograron un
acuerdo. Las grandes diferencias entre los conservadores y los seguidores del
ex mandatario Thaskin Sinawatra son las causas profundas de este nuevo golpe de
Estado.
Esta crisis política tiene su inicio en 2006 cuando
los militares depusieron al mandatario Thaskin Sinawatra, un millonario de las
telecomunicaciones convertido en político. El primer ministro de aquel entonces
fue acusado de corrupción, abuso de poder y de faltarle el respeto al rey.
Thaskin, acusado también de un creciente autoritarismo, gobernaba desde 2001
capitalizando el voto de los pobres. Sus medidas sociales y la implantación de
un nuevo sistema sanitario amenazaron el poderío de las clases dominantes.
En 2007 el Tribunal Constitucional disolvió el
partido de Thaskin pero sus aliados ganaron nuevamente en las urnas. El poder
judicial intentó expulsar a los seguidores de Thaskin e incluso en 2010 los
opositores políticos recurrieron al Ejército para frenar a los camisas rojas,
un potente movimiento social que tiene un apoyo mayoritario en las zonas
rurales. En las elecciones de 2011 la vencedora fue Yingluck Sinawatra, hermana
de Thaskin, siendo la primera mujer en ocupar la jefatura de gobierno.
Cuando las urnas no importan
Yingluck del partido Pheu Thai pactó con el
Ejército y la Monarquía para gobernar en tranquilidad. Sin embargo dos años
después es acusada de ser una herramienta de su hermano, que vive exiliado en
Dubai, para volver a gobernar. En noviembre de 2013 manifestantes opositores al
clan Sinawatra se volcaron a las calles y la primer ministra se vio obligada a
disolver la cámara baja. Sin embargo las protestas no pararon y las elites
urbanas acudieron a los tribunales para lograr allí lo que no pudieron a través
de las protestas.
El Ejército y los tribunales han sido bastiones del
conservadurismo anti Thaskin. Los ricos y poderosos burócratas, a través de la
Corte Constitucional, obligaron a Yingluck y su gabinete a dimitir por
transferencia de cargos a favor de familiares. El Tribunal incluso anuló las
elecciones que ella ganó en febrero de este año por supuestas interrupciones en
muchas circunscripciones. Su ministro de comercio, Boon Songphaisan, asumió
como gobernante interino hasta que el Ejército decidió dar un golpe de estado,
siendo el 18° desde que terminó la monarquía absoluta en 1932.
Los manifestantes que representan los intereses de
la clase media alta y el círculo cercano a la Monarquía rechazan al clan
Simawatra. Ocupan las calles con la consigna de reiniciar Tailandia, promoviendo
reformas políticas y acusando a los camisas rojas de comprar votos en el norte
y noreste del país. Representados políticamente en el Partido Demócrata,
proponen un Consejo de Sabios que purifique el sistema, una práctica no muy
democrática. El problema es claro y es que no quieren aceptar la igualdad de
los tailandeses en las urnas.
Los problemas políticos están ahuyentando las
inversiones en la segunda economía del sudeste asiático y comprometen el
turismo, vital para esta nación. El país se encuentra fracturado en dos
mitades: las zonas prosperas de la capital Bangkok y el sur, que está dominada
por el Partido Demócrata, y el norte, liderado por los nuevos ricos con el
apoyo de los pobres. Esta creciente élite ha
prosperado y quiere su cuota de poder político. Sin embargo quienes tuvieron
ese poder desde siempre, no están dispuestos a soltarlo y para ello recurren a
protestas, tribunales y finalmente, el Ejército intervencionista.