El choque de milicias en República Centroafricana

Las Naciones Unidas decidieron actuar en el conflicto que existe en este país desde hace un año. Aunque la mayoría de los especialistas afirma que es una intervención tardía, la misma podría ayudar para evitar una catástrofe mayor. Las disputas entre las milicias musulmanas y cristianas han llevado al segundo país más pobre del mundo a una situación de caos. El continente africano aún lucha contra este tipo de conflictos y la República Centroafricana es un ejemplo de ello.

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Esta semana el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el despliegue de una misión de paz de 11.800 militares. La propuesta de Francia, antigua metrópoli, tiene como objetivo restaurar el orden y frenar el resurgimiento de la violencia sectaria. Actualmente existe en la República Centroafricana una misión de la Unión Africana y en breve la Unión Europea apoyará con un contingente para intentar aliviar a las fuerzas francesas presentes allí. Las fuerzas de paz de la ONU no llegarían hasta setiembre debido a las dificultades logísticas, la carencia de infraestructura y las necesidades de construir bases así como instalaciones sanitarias. Cabe recordar que la República Centroafricana no tiene salida al mar y es una nación con extensas fronteras sin control.

Hay cierto convencimiento que la ayuda humanitaria está llegando tarde ya que las masacres y el caos comenzaron meses atrás. Los enfrentamientos entre milicianos de Seleka y los Anti balaka se producen desde diciembre pero se han incrementado en los últimos días. El conflicto reciente se remonta a marzo de 2013 cuando se produjo una rebelión de 15.000 milicianos del grupo Seleka, apoyados por miles de soldados extranjeros. Se presume que la nación vecina Chad brindó apoyo para el golpe de Estado debido a la mala relación que había tenido con el entonces presidente Francois Bozize. El mandatario cayó a los pocos días que estalló el conflicto y tuvo que exiliarse en Camerún.

La rebelión de Seleka, grupo en su mayoría compuesto por musulmanes del norte, fue liderada por Michel Djotodia, quien había intentado años atrás llegar al poder a través de las urnas. Cuando asumió el mando suspendió la Constitución, disolvió el Parlamento y gobernó con decretos. La capital Bangui fue sinónimo de caos con ejecuciones, torturas y violaciones. Algunas facciones de Seleka atacaron a cristianos con impunidad y destruyeron la poca infraestructura que había en el país. En esta ola de violencia e inestabilidad es que surgieron en las aéreas rurales una milicia cristiana para proteger a los ciudadanos, denominada Anti balaka.

Violencia sectaria como moneda corriente

En enero de 2014 debido a la presión de Francia y otros países occidentales, Michel Djotodia abandonó el poder. El grupo Seleka se replegó en las provincias del norte y este del país tras la clave intervención del ejército francés. Catherine Samba-Panza, ex alcaldesa de Bangui, asumió con el objetivo de formar un gobierno de coalición y pedir la ayuda necesaria en las Naciones Unidas. Sin embargo el odio entre las milicias ya alcanzó un punto muy alto y peligroso. El grupo Anti balaka, nacido en los noventa, busca revancha por lo ocurrido durante la estadía de Seleka en el poder y siembran terror en las poblaciones musulmanas.

Amnistía Internacional habla de una tragedia de proporciones históricas, mientras que la ONU se refiere a una campaña de limpieza étnico religiosa. La milicia Anti balaka es ahora la mayor amenaza por las masacres que se están perpetuando en los enclaves musulmanes de esta nación ubicada en la frontera entre la África musulmana del norte y la cristiana del sur. La situación actual en este país de 4.5 millones de habitantes recuerda lo que ocurrió décadas atrás en Ruanda. Mientras algunas de las naciones africanas dejaron atrás los conflictos interétnicos, otras como la República Centroafricana aún tiene que lidiar con los millones de desplazados y con un conflicto importante entre milicias. 

Morir en la orilla

El sueño de un futuro mejor impulsa a ciudadanos de muchos países subdesarrollados a arriesgar su vida por ello. Algunos lo logran y viven para contarlo, otros quedan por el camino. Las corrientes migratorias y los estrictos controles de los países del primer mundo generan grandes barreras de protección a lo largo y ancho del mundo.   

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Podemos identificar tres grandes fronteras que terminan con la vida de muchos ciudadanos tercermundistas. El desierto y los coyotes que dividen Centro América con Estados Unidos, el bravo Mediterráneo que separa a los africanos del sueño europeo y por último, las pequeñas islas que se encuentran a mitad de camino entre el pujante sudeste asiático y Australia. Más allá de las nombradas también se imponen barreras a la entrada del este de Europa, hacia Sudáfrica, entre otras tantas.

Los cinturones de seguridad, la criminalización de la inmigración, el desamparo y el camino al exilio son todos aspectos que se relacionan con este proceso histórico de los refugiados. Con países desarrollados menos dispuestos a recibir extranjeros, los controles de las fronteras se están convirtiendo en frentes de batalla militarizados. El terrorismo y el aumento de la xenofobia son otros dos aspectos que entran en el debate sobre las barreras de protección. Más allá de los traficantes, quienes se aprovechan de la situación, las empresas que contratan mano de obra ilegal también deben hacer su mea culpa de los cientos de muertos que el agua o el desierto causan. Un proceso que el Papa Francisco acertadamente señala como la globalización de la indiferencia.

Estados Unidos y México

La reforma migratoria es un tema candente en Washington. Asiáticos y latinos protestan de manera pacífica en la denominada marcha por la dignidad y el respeto a los inmigrantes, exigiendo una vía para la legalización de lo que se estiman son 11 millones de indocumentados. Esta es la pata política de un problema que aqueja desde hace décadas a Estados Unidos: la llegada de inmigrantes ilegales que aunque no tengan papeles brindan servicios constantemente a la población norteamericana. Sin embargo la frontera Estados Unidos – México es testigo de miles de vidas que mueren en el camino.

El 2012 fue el año que se reportaron mayor cantidad de muertos (casi 500 según cifras oficiales) en la frontera terrestre más larga del mundo. Si bien los controles migratorios redujeron el número de personas que intenta cruzar, los medios ilegales se tornan más peligrosos y terminan con más vidas. Las causas son diversas, ahogamiento, deshidratación, insolación, persecución y lucha con las patrullas fronterizas. Esto no supone la muerte solo de mexicanos sino de centroamericanos que además deben cruzar todo México, con los peligros que ello supone. El contrabando de personas a manos de los carteles de drogas convierte el cruce en un pasaje con destino a la muerte.

Europa y el Mediterráneo

En los primeros días de octubre casi 100 inmigrantes indocumentados murieron tras el naufragio al sur de Sicilia, Italia, de una especie de barco en el que viajaban alrededor de 500 personas, entre ellas decenas de niños y mujeres embarazadas. Proveniente de Libia, la mayoría de ellos son de países como Eritrea y Somalia. Este tipo de barcazas plagadas de indocumentados llegan constantemente a la isla de Lampedusa (a un poco más de 100 km de la costa africana), desbordando los centros de acogida. Además de las nacionalidades que siempre se repiten, los últimos conflictos en Siria y Egipto han impulsado a muchos migrantes hacia el Mediterráneo.

Se estima que en el Canal de Sicilia, alrededor de 8.000 personas perdieron la vida en los últimos veinte años. Las nacionalidades van cambiando. A los desesperados por la pobreza extrema en el África Subsahariana, se le sumaron en los primeros meses de 2011 inmigrantes provenientes Túnez y Libia, países que perdieron estabilidad tras la Primavera Árabe. El agotamiento, los naufragios, la asfixia o la hipotermia son muchos más peligrosos que la vigilancia marítima europea o los malos tratos recibidos por los traficantes de personas.

Oceanía y la tercerización de los refugiados

Los disturbios internos en Filipinas, Myanmar o en partes de Indonesia expulsan miles de migrantes todos los años rumbo a Australia. Ante la constante llegada de inmigración ilegal el primer ministro australiano, Kevin Rudd, aseguró en julio que su país no cederá frente a las redes de traficantes que intentan vender sueños de legalidad. Esta nación de Oceanía posee mecanismos legales para recibir personas del exterior a través de visas de trabajo temporal o de estudio pero quiere frenar la inmigración ilegal. Junto a su homólogo de Papua Nueva Guinea, el mandatario aseguró que los refugiados con demanda de asilo serán enviados a centros de detención en este país situado al norte de Australia. Esto le causó críticas por parte de ONGs como Amnistía Internacional y denuncias por parte de ACNUR con respecto a las malas condiciones ofrecidas en los centros de refugiados.

Se estima que por año alrededor de 15.000 clandestinos desembarcan en las costas del gigante australiano, provenientes principalmente de Irán e Indonesia pero años atrás desde Irak o Afganistán. Cabe resaltar la cercanía que existe entre Indonesia y Christmas Island, el punto del territorio australiano más cercano al sudeste asiático. La mayor tragedia en costas australianas se dio en 2001 cuando 350 personas perdieron la vida al hundirse un barco. Se estiman que en las últimas dos décadas más de mil personas murieron ahogadas luego de pagar miles de dólares a mafias clandestinas para llegar a un país que crece a buen ritmo, ofrece buena calidad de vida y altos salarios.

Una respuesta global

Se estiman que 230 millones de personas viven y trabajan fuera de sus países de origen. Las historias de migrantes empujados por la violencia, la pobreza o la búsqueda de un futuro mejor para su familia tienen varios capítulos, algunos de ellos positivos y otros negativos. El trabajo esclavo o las atroces condiciones laborales contrastan con aquellos que tras estabilizarse en el exterior, logran sacar a su familia de una guerra y enviar remesas a su país de origen. Allí están las historias que se pueden contar sin embargo muchas otras quedaron en la orilla, al borde del sueño y que jamás podrán ser contadas.

Las soluciones a estos problemas deben ser globales y no remitir a un gobierno de turno de los distintos países. Mecanismos de acceso a visados legales es una solución que le brinda mayor transparencia a un fenómeno que tiene lados oscuros. El combate a las redes de tráfico humano pero también las sanciones a aquellas empresas que se benefician de los ilegales, son aspectos que los gobiernos tienen que tomar en cuenta y no mirar para otro lado. La selección de los migrantes, el miedo al extranjero y los campos agrícolas que emplean a trabajadores indocumentados son aspectos que necesitan ser debatidos.

Para ello el Comité de la ONU de los Derechos de los Trabajadores Migratorios convocan a la ratificación del tratado por parte de todos los países, una convención vigente desde hace 10 años y solamente aceptada por 47 naciones, entre las cuales no se encuentran las naciones que más reciben trabajadores extranjeros (Estados Unidos, Europa y Australia). Quizás luego de los hechos como el que ocurrió en Italia en las últimas semanas, muchos no deberían olvidar que la inmigración también contribuyó y contribuye al desarrollo económico de su país.     

Europa mira con recelo los cambios en Hungría

El lunes el primer ministro Viktor Orbán aprobó unas polémicas enmiendas constitucionales

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Organizaciones civiles convocaron para el viernes a una manifestación masiva en Budapest, capital de Hungría, para protestar contra las nuevas políticas decretadas por el gobierno nacional populista de Orbán. La abrumadora mayoría del partido Fidesz aprobó una serie de medidas que limitan los controles democráticos y atentan contra el Estado de Derecho. El mandatario tendrá que ratificar las enmiendas dentro de los próximos cinco días para que entren en vigor y lidiar con las críticas del continente europeo.  

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El gobernante partido conservador – Federación de los jóvenes democráticos y del Partido Cívico Hungaro (Fidesz) – busca la transformación del país de arriba abajo, incluso en la dimensión espiritual. Para ello, gozando de la mayoría obtenida en las últimas elecciones, han reformado la Constitución y aprobado cientos de leyes. Las últimas enmiendas ratificadas abarcan diversos temas. Determinan como base de las relaciones familiares el matrimonio heterosexual y el vínculo paternofilial, limitan competencias del Tribunal Constitucional, penalizan a las personas que viven en la calle y prohíben la propaganda política en medios de comunicación privados durante las campañas electorales. Además le impone a los universitarios húngaros, becados por el Estado, trabajar en el país al menos durante ocho años. En materia política se aprobaron medidas que criminalizan el pasado comunista que amenazan al Partido Socialista, principal fuerza de oposición.  

Ante estas nuevas enmiendas a una Constitución que de por sí ya fue polémica, organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Europea instaron al gobierno a dar marcha atrás. Los opositores aducen que las medidas tomadas no condicen con las obligaciones asumidas por Hungría en los tratados internacionales y limitan los Derechos Humanos, al incluir discriminación sexual y penalización a los indigentes. Para protestar contra la situación se convocó una movilización para el Día de la Fiesta Nacional, 15 de marzo, denominada “Un millón por la libertad de prensa”. La manifestación podría rememorar las protestas de 100.000 personas que se dieron cuando se aprobó en 2012 la última Constitución en la que el partido Fidesz se aseguraba el poder, cambiaba el nombre de la nación, incluía recortes a la democracia y afirmaba los valores de dios, el orgullo patrio, la cristiandad y la familia tradicional.

Peligra el proyecto europeo ante el ascenso de la extrema derecha

Los movimientos para despegarse de la Unión Soviética derivaron en una democracia pluripartidista a partir de 1989. La alternancia en el poder fue entre socialistas y conservadores. Con 35 años el actual primer ministro Orbán lideró al país en 1998. Su gobierno se mostró como un contrapeso de la izquierda apuntando al nacionalismo cristiano pero duró cuatro años. Tras un largo período de liderazgo del Partido Socialista, en el que Hungría se adhirió a la Unión Europea y donde no se logró gobernar con eficiencia, los conservadores regresaron al poder. En las últimas elecciones legislativas en 2010, las sextas desde de la caída de la Unión Soviética, Orbán obtuvo una mayoría abrumadora sin precedentes. En el Parlamento unicameral alcanzó 263 asientos de los 386 disponibles, permitiéndole dominar al país sin grandes complicaciones. 

Una de las consecuencias que trajo la crisis económica en Europa fue el surgimiento de movimientos populistas y ultra nacionalistas. Los permanentes cambios constitucionales en Hungría son vistos con preocupación por el Parlamento Europeo, encabezado por Martín Shultz. Además Bruselas expresó su nerviosismo por las diferencias económicas, ya que Orbán plantea un sistema económico que se aparta de la doctrina liberal defendida por los organismos europeos. Esta especie de fascismo posmoderno es observado con escepticismo también desde Estados Unidos a través del Departamento de Estado. Como respuesta, el gobierno de Orbán sostiene que están llevando adelante el programa que la población apoyó en las últimas elecciones. La democracia cristiana, que hoy gobierna en Hungría, ha sido uno de los pilares de la Unión Europea durante su fundación y aún lo sigue siendo. Sin embargo si se le da rienda suelta a la extrema derecha, esta misma podría poner en peligro el proyecto europeo.