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viernes, 16 de agosto de 2013

Recuperar el peso político

El movimiento indígena de Ecuador fue clave en la última década. Las presiones ejercidas y las marchas por todo el país han terminado con mandatos presidenciales. En un país más estabilizado, liderado por Rafael Correa, la agrupación Pachakutik aún no encontró su lugar. Divididos a favor y en contra del oficialismo perdieron fuerza y protagonismo, convirtiéndose en la sexta fuerza política. El nuevo liderazgo tiene muchos desafíos por delante, el principal es llevar adelante la lucha medio ambiental, un problema característico de los actuales gobiernos progresistas de Sudamérica.
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El brazo político de los indígenas ecuatorianos, Movimiento Pachakutik, eligió en estos días a su nueva líder, Fanny Campos. Ella será la primera persona de sexo femenino que encabeza este grupo creado hace 18 años. Su objetivo será unificar al movimiento y recuperar el peso perdido en el último tiempo. La agrupación surgió en 1995 y llegó al Congreso tres años después. Fue decisiva en la caída del Presidente Abdalá Bucaram, destituido por el Parlamento y también fue clave en el 2000 cuando las Fuerzas Armadas depusieron a Jamil Mahuad y colocaron al vicepresidente como mandatario. Según el ex presidente, los indígenas que habían tomado carreteras y que llegaron hasta Quito, contaron con el apoyo logístico del Ejército.

Luego de la caída de Mahuad, los indígenas formaron alianza con el militar Lucio Gutiérrez, incluso ocupando ministerios. Posteriormente el vació en el poder dejado por el mandatario impulsó la llegada de Rafael Correa. Durante la campaña electoral de 2006 se produjo una gran división interna en este movimiento que busca representar los intereses de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), principal fuerza social del país. Para las elecciones de aquel año, el candidato indigenista fue Luis Macas. El resultado fue un fracaso ya que se obtuvo tan sólo 2.1 % de los votos.

Con el tiempo y dado los fracasos electorales, se buscaron alianzas con Correa como la realizada en Chimborazo en 2009. Sin embargo los que pactaron con el gobierno fueron tratados como traidores, debido a las diferencias existentes con el gobernante Alianza País. El candidato de los Pachakutik para las últimas elecciones presidenciales, realizadas en febrero de este año, fue Alberto Acosta, uno de los fundadores de la coalición oficialista. Como ex ministro de Energía y Minas se mostró a favor de la protección del medio ambiente y acusó a Correa de traicionar a la verdadera izquierda. Pero los resultados obtenidos denotan que la estrategia de formar un frente común no fue fructífera, ya que obtuvieron un 3.7% y cinco diputados, quedando relegados como la sexta fuerza política de Ecuador.

Correa y un problema constante en América Latina

El principal conflicto entre los indígenas y el gobierno de Correa es con respecto a la explotación minera. Las marchas desde el Amazonas hasta Quito se han multiplicado exigiendo la salida de las empresas chinas del Ecuador. La separación con el gobierno se dio tras la detención y agresión policial de más de 20 personas que exigían obras viales para la localidad de Dayuma. Luego de este in suceso, la ex Secretaría de Comunicación perteneciente a la agrupación indígena, Mónica Chuji, dejó el gobierno. El movimiento Pachakutik acusa al gobierno de perseguimiento, mientras que estos aducen que los manifestantes quieren bloquear el bombeo de petróleo.

Correa se apoyó en algunos dirigentes indigenistas, acusando al resto de querer desestabilizar su gobierno. Del otro lado, las comunidades se han opuesto a la explotación minera debido a la contaminación de ríos y el desplazamiento de personas. Estos movimientos se refieren a la firma de contratos con empresas extranjeras para la explotación de cobre y otros proyectos multimillonarios. Los indigenistas exigen que una participación de los acuerdos y la aprobación de leyes para regular el manejo del agua así como la redistribución de tierra. En definitiva, acusan al gobierno de estar llevando adelante un modelo de extracción negativo para el país.

Correa, que comenzó su tercer mandato en junio de este año, ganó las últimas elecciones con casi un 60% y estará en el poder hasta 2017, completando diez años como presidente. Este economista llegó al poder en 2006, dos años más tarde impuso una nueva Constitución y revalidó su cargo, dándole continuidad a un país que se había caracterizado por la inestabilidad, dado que los últimos tres presidentes no habían culminado su mandato. Actualmente se reconoce a Correa en el mundo por el asilo político brindado a Julian Assange, creador de Wikileaks, y a Edward Snowden, ciudadano norteamericano que divulgó las redes de la CIA.

El gobierno de Correa tiene luces y sombras. Su carta de presentación es la prosperidad económica y el crecimiento en los presupuestos tanto de salud como de educación. La ayuda social, el aumento de la infraestructura, la mejora en el empleo y los salarios, son grandes logros del gobierno. Las sombras vienen por el lado del respeto a las libertades y los problemas con la prensa. En los últimos tiempos un órgano de la Organización de Estados Americanos alertó las restricciones a la libertad de prensa por la Ley de Comunicaciones.


Alejarse de la dependencia del petróleo, industria de la cual el gobierno recibió muchos ingresos, es uno de los desafíos de Correa. Por ello es clave la minería y también el conflicto con los indígenas, a quienes el mandatario acusa de ser la izquierda infantil. La disyuntiva entre proyectos multimillonarios extractivos y los reclamos medio ambientales es un problema para los gobiernos progresistas de Sudamérica. Siempre defensores de las causas de los más débiles, hoy tienen que dejar atrás el discurso y apuntar al crecimiento económico. Correa lo resumió en una frase: “no podemos ser mendigos sentados en saco de oro”.

jueves, 30 de mayo de 2013

El perdón de Dios

Las maras hondureñas proponen frenar la violencia
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Dos de las pandillas más violentas de Honduras anunciaron el martes un acuerdo para alcanzar una tregua. Barrio 18 y Salvatrucha hicieron sus anuncios desde la cárcel de San Pedro Sula, en la región norte del país, en donde sus líderes cumplen las penas por sus crímenes. Las maras son grupos que se enfrentan por el control de las zonas de tránsito de drogas. El gobierno de Porfirio Lobo aseguró, ante este anuncio, que apoyará en todo lo que sea necesario para alcanzar la paz. 
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Los líderes de las maras, con el rostro cubierto, comunicaron la decisión de cero crímenes y cero violencia en las calles, pidiendo perdón a la población y hacia Dios. En una rueda de prensa, un portavoz anunció que la pandilla Salvatrucha quiere un cambio en la situación y plantearon la posibilidad de una tregua a nivel nacional. En el encuentro estuvo presente el arzobispo de la Iglesia Católica de San Pedro Sula, Romulo Emiliani, el gran mediador en las cárceles. El representante del Vaticano reconoció que este es un acuerdo con la sociedad hondureña y solicitó que los encarcelados puedan acceder a programas de rehabilitación. Emiliani exigió una reforma en el sistema carcelario, a través de la instalación de talleres, en los cuales el gobierno deberá alcanzar alianzas con privados y actores de la sociedad civil para poder lanzar una estrategia acorde. Los encarcelados pidieron ayuda al gobierno para la búsqueda de empleo y la reinserción en la sociedad, una vez fuera de la prisión.

Adam Blackwell, secretario de Seguridad Muldimensional de la Organización de los Estados Americanos (OEA), también fue un impulsor del acuerdo. El canadiense formó parte de las negociaciones de las maras de El Salvador con el gobierno de Mauricio Funes. El año pasado las pandillas, que poseen los mismos nombres que las hondureñas, firmaron una tregua que redujo los comicios en cuatro meses. Las maras salvadoreñas asesoraron a las del vecino país, a través de reuniones y llamadas telefónicas, para llegar a un compromiso. Honduras, junto a El Salvador y Guatemala, forma parte del triángulo del norte, zona por donde transita la cocaína desde Sudamérica a Estados Unidos. En los últimos años, la violencia creció por el crimen organizado y la presencia de los carteles de droga mexicanos, que utilizan estas naciones como ruta de tránsito. Si bien el gobierno de Lobo aseguró que está dispuesto a colaborar para alcanzar una tregua definitiva, remarcó que las instituciones seguirán fortaleciéndose para aumentar la capacidad para investigar los delitos. 

Cambio de gobierno a fin de año

Las pandillas operan en el país desde la década del sesenta. Iniciadas en Los Ángeles, Estados Unidos, muchos inmigrantes ilegales, devueltos a los países centroamericanos, trajeron consigo prácticas violentas que se fueron consolidando en los noventa. Aprovechándose de una inestabilidad política obtuvieron su lugar en la nación. Actualmente Honduras viene superando una crisis iniciada en junio de 2009 cuando las Fuerzas Armadas derrocaron a Manuel Zelaya, porque intentaba reformar la constitución para ser reelecto. El gobierno interino de Roberto Micheletti organizó elecciones que dieron la victoria a Porfirio Lobo. Su mandato finaliza este año, por ello el 24 de noviembre los hondureños deberán acudir a las urnas para elegir nuevo presidente y legisladores. A los comicios concurrirán cuatro nuevos partidos políticos. Xiomara Castro, mujer del ex presidente Zelaya, del Partido Libertad y Refundación es la principal favorita con un 29% de las preferencias. En segundo lugar se ubica Salvador Nasralla, del Partido Anticorrupción, ocho puntos porcentuales por debajo. Los aspirantes de los partidos tradicionales (Liberal y el gobernante Nacional) no llegan al 20% de las preferencias.


Si bien la población le atribuye los problemas de inseguridad al gobierno de Lobo, la cuestión de la violencia en Honduras tiene sus años. Este país centroamericano tiene la tasa más elevada de comicios en el mundo (87 por cada 100.000 según Naciones Unidas). San Pedro Sula, ubicada al norte de la capital Tegucigalpa, es el centro industrial del país y se considera que es la metrópolis con mayor cifra de asesinatos en el mundo. Las maras reclutan personas para cometer todo tipo de atrocidades: tráfico de drogas, de personas, secuestros, delitos sexuales, asesinatos, entre otros. Además, los comerciantes, taxistas y chóferes de ómnibus son asesinados si se oponen a pagar el denominado impuesto de guerra, un método de extorsión conocido en la zona. Estos grupos participan activamente en el tráfico de drogas que implica un tema transnacional, por lo cual es un proceso de pacificación que puede tomar años. Los acuerdos se han realizado con transparencia pero necesitan un respaldo político y de la sociedad civil para poder triunfar. Al igual que ocurre en El Salvador, el fin de la violencia sería un hecho histórico para Honduras.   

jueves, 2 de junio de 2011

Honduras regresa a la Organización de Estados Americanos

Con el retorno de Manuel Zelaya al país y la decisión del organismo multilateral, Honduras se encamina hacia una nueva estabilidad política.


En la Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en Washington, los países integrantes decidieron, con 32 votos a favor, la reincorporación de Honduras. Esta decisión provocó el levantamiento de la suspensión, de casi dos años, que impedía el derecho de participación y el acceso a los programas regionales de desarrollo. El único voto negativo en la Asamblea fue de Ecuador, alegando que no están dadas las condiciones debido a que todavía no se ha castigado a los autores del golpe del 28 de junio de 2009. Venezuela emitió su voto positivo con reservas, invocando razones similares a sus pares ecuatorianos.


La crisis política que se generó en Honduras comenzó con un golpe de Estado que derrocó al presidente electo Manuel Zelaya del Partido Liberal (PL). La convocatoria a un referéndum para mantenerse en el cargo fue el hecho desencadenante. La respuesta negativa de grandes sectores hondureños y la declaración de la ilegalidad de la consulta, por parte del Tribunal Supremo Electoral y del PL, brindaron las condiciones para que militares y políticos dieran un golpe a la democracia. A finales de junio de 2009 las Fuerzas Armadas arrestaron al presidente y lo trasladaron hacia Costa Rica, mientras que el Congreso lo destituía por violaciones a la Constitución. Este organismo representativo nombró a Roberto Micheletti como presidente, decisión que fue condenada por la comunidad internacional. Durante su período de facto se produjo el regreso de Zelaya y su refugio en la Embajada de Brasil, en la capital Tegucigalpa. 


La salida propuesta por la clase política hondureña fue la celebración de comicios presidenciales en noviembre de 2009. Porfirio Lobo del Partido Nacional logró la victoria con un 56% de las preferencias, superando a Elvin Santos del PL que alcanzó un 38%. El gobierno de Lobo, que asumió en enero del 2010, debió brindar estabilidad y lograr el reconocimiento internacional hacia su conducción. Una de las primeras medidas, con el objetivo de alcanzar la reconciliación nacional, fue el otorgamiento de un salvoconducto a Zelaya para abandonar el país.  A la misma se le suma la creación de la Comisión para la verdad para estudiar las violaciones a Derechos Humanos durante el gobierno de facto. Semanas atrás, a través de la mediación en Cartagena de Indias del presidente colombiano Santos y su homologo venezolano Chávez, se alcanzó un acuerdo entre Lobo y Zelaya. Este pacto acordó el retiro de cargos contra el ex presidente, por parte de la Corte Suprema de Honduras, permitiendo su regreso tras el exilio en la República Dominicana.


La decisión de la OEA le brinda gobernabilidad a Porfirio Lobo y es un gran logro para su gobierno. Con Zelaya de vuelta en el país y reincorporado a la comunidad internacional, Honduras cierra una etapa de crisis política y se encamina a solucionar los problemas que lo aquejan. Con un gobierno reconocido, Lobo deberá luchar contra los índices de inseguridad y brindar trabajo al gran porcentaje de desempleados que posee el país.