El grupo de inspiración maoísta Sendero Luminoso, que se funda en la década del
60 como un brazo armado del Partido Comunista, dio su primer golpe en mayo de 1980. A través de ataques
armados y coches bomba sacudieron al país durante quince años, dando muerte a
alrededor de 70.000 personas según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación
peruana. El grupo que tuvo como objetivo lograr una república popular e
instaurar un régimen comunista campesino sufrió la detención de su líder y jefe
histórico, Abimael Guzmán, en septiembre de 1992. Sin lugar a dudas este grupo
que optó por la lucha armada, en un momento de transición democrática, no contó
con el apoyo de la población y su influencia comenzó a decaer hasta que su luz
pareció apagarse. A fines de la década del noventa grupos minoritarios, que se
establecieron en la zona del valle de los ríos Apurímac y Ene, continuaron con
operaciones violentas pidiendo amnistía para líderes senderistas. A pesar de
ello, se estima que el número de rebeldes que no entregaron las armas, luego de
que Guzmán declarará el fin de la revolución, es de alrededor de cien
combatientes. Su último gran golpe había sido en octubre del año pasado cuando
atentaron contra un convoy militar. Desde ese momento fueron pocas las noticias
que se difundieron de los “revolucionarios”.
Sin embargo, en los primeros días de agosto se
produjo un ataque atribuido a Sendero Luminoso contra una base de la Dirección
de Operaciones Especiales de la policía, en el departamento de Ayacucho, zona
selvática al sureste de territorio peruano. Según informaron fuentes policiales
un grupo de cincuenta insurgentes emprendió un ataque con explosivos y armas
ligeras contra la base de las fuerzas especiales instalada en dicho lugar para
combatir el narcotráfico. La ofensiva que, causó cinco muertes (tres policías y
dos civiles), muestra a las claras que a pesar de que no haya tenido mucha
prensa, el remanente de la guerrilla y su alianza con los grupos de
narcotraficantes es un tema que debe ser seguido muy de cerca.
Muchas son las opiniones que se han oído desde
tierras peruanas sobre este episodio; el ministro del Interior Octavio Salazar
afirmó que la presencia de estos terroristas es una gran amenaza para el país,
principalmente por su gran alianza con el narcotráfico, a la que denominan el
narcoterrorismo. Mientras tanto, el presidente Alain García propuso un trabajo
paciente para erradicar la violencia de estos grupos, bajando el perfil al
remarcar que los mismos no constituyen una amenaza para la democracia peruana y
que “no configuran ni la décima parte de lo que vivió el país en la década
de los 80” . En oposición a ello, el líder
nacionalista Ollanta Humala advirtió la posibilidad de una guerra interna en
caso de que el gobierno no reestructure las acciones para acabar con los remanentes
de la guerrilla.
Todo parece indicar que este grupo derrotado por el gobierno del actualmente
condenado Alberto Fujimori no posee la misma fuerza ni el contenido ideológico
de quienes hoy golpean nuevamente los territorios peruanos. Sin embargo, las
acciones conjuntas con los grupos narcotraficantes tratan de debilitar la
acción y el poder policial en la zona selvática. El proyecto político de
alcanzar el poder a través de una revolución armada es historia pero la alianza
con los narcotraficantes parece recién comenzar. En épocas donde Colombia es
duramente cuestionada por la llegada de tropas norteamericanas para combatir e
investigar al narcotráfico, sería bueno que el gobierno peruano le pusiera
rápidamente un freno a estos brotes de insurgencia antes de perder el control y
tener que acudir a fuerzas extranjeras. La existencia de un golpe de Estado en
Honduras, la propuesta de insertar tropas norteamericanas en Colombia, los
brotes guerrilleros en Perú y una cantidad de gobiernos que distan de ser
democráticos, debe prender una señal de alerta en los gobiernos “serios” que
aún quedan en el continente, de manera evitar aquellas épocas negras.
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